ARTICULO DE JAIME AVILES DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA JORNADA... http://www.jornada.unam.mx/2010/12/04/index.php?section=opinion&article=012o1pol
DesfiladeroJaime Avilés
Un niño gesticula mientras los bomberos laboran en un vehículo incendiado en el barrio de Río Comprido, en Río de Janeiro, a finales del mes pasado, en el marco de la ofensiva policial contra capos de la droga que bloquearon caminos y robaron a automovilistas para resistir el embateFoto Ap
Charles Bowden, multipremiado periodista estadunidense que reside en Tucson, Arizona, ama a Ciudad Juárez con tal pasión que la ha visitado incontables veces y se ha hundido hasta el copete en la mierda que la cubre. Gracias a eso puede ver, dentro de la mierda, la espeluznante realidad que allí se vive y que refleja la que azota a muchos otros lugares del país como Chihuahua, Tijuana, Matamoros, Reynosa, Tampico, Monterrey, Culiacán, Guadalajara, Colima, Cuernavaca, Acapulco, Morelia, San Luis Potosí, Boca del Río, Veracruz, Villahermosa y Cancún.
Una realidad, insiste Bowden, que no se parece a nada que hubiésemos conocido antes. En Ciudad del crimen (Grijalbo), su libro más reciente, una crónica del pavoroso año 2008 en aquella frontera, escribe:
“Durante años la gente ha buscado una sola explicación para la violencia. Los cárteles son muy útiles para ello. Los asesinos en serie también. Los cientos de bandas callejeras lo mismo. Y la pobreza masiva, las familias desarraigadas, los policías corruptos, el gobierno corrupto... [Pero] imagina por un momento otra cosa; algo como el mar, algo líquido, sin rey ni corte, sin jefe ni cártel. Renuncia a la forma normal de pensar... [Hoy en día] la violencia es como un viento que no cesa, pero nosotros insistimos en una batalla entre cárteles, o entre el Estado y el mundo de las drogas, o entre el ejército y las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, la violencia ya es parte del tejido social y no tiene una sola causa ni un motivo específico, ni botón de on y off. La violencia ya no es parte de la vida, es la vida”.
Sostiene Marcola
Marcos Camacho, alias Marcola, máximo jefe de un cártel de Sao Paulo, Brasil, llamado Primer Comando de la Capital, coincide con Bowden –a quien seguramente jamás ha leído ni tratado– en que la antigua normalidad ya no existe. En una charla con el diario O Globo, que concedió hace días en la cárcel donde reside como un hombre de gran poder, habló así.
“Antes yo era pobre e invisible. Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las favelas. Ahora somos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de la conciencia social en ustedes”, dijo antes de oír la siguiente pregunta: ¿y cuál sería la solución?
Marcola respondió: “No hay solución, hermano. La propia idea de solución ya es un error. ¿Ya viste el tamaño de las 560 favelas de Sao Paulo? ¿Ya anduviste en helicóptero sobre la periferia de Sao Paulo? ¿Solución, cómo? Sólo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general y todo bajo la batuta de una tiranía esclarecida, que actuase a pesar de la parálisis burocrática tradicional, por encima del Legislativo cómplice y del Judicial que impide sanciones. Tendría que haber una reforma radical de los procesos penales del país, tendría que haber comunicación e inteligencia entre policías municipales, estatales y federales (nosotros hacemos videoconferencias entre presidiarios; ellos no). Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría un cambio sicológico y social muy profundo. O sea, es imposible, no hay solución”.
¿No tiene miedo de morir?, le dice el entrevistador. Marcola se ufana: Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Ustedes no pueden entrar a la cárcel a matarme, pero yo sí puedo mandar matarlos afuera. La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama; la muerte para nosotros es la comida de todos los días. Luego de anotar que ha leído más de 3 mil libros, el capo se adentra en la sociología:
“¿Ustedes, intelectuales, no hablaban de lucha de clases? Pues entonces llegamos nosotros. Ahora ya no hay más proletarios y explotadores, hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivándose en el barro, educándose en el absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles... Somos la postmiseria. Y la postmiseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas. Es la mierda con megabytes”.
En seguida, tras comparar la lentitud, la debilidad y la pobreza del Estado con la rapidez operativa, la riqueza y la eficacia de los cárteles, Marcola dice, cuando el reportero a nombre de la sociedad y las instituciones le pregunta angustiado, ¿pero, qué debemos hacer?
“¿Qué deben hacer? ¡Atrapen a los barones de la droga! Hay diputados, senadores, empresarios y hasta ex presidentes en el negocio de la cocaína. Pero, ¿quién va a detenerlos? ¿El ejército? ¿Con qué dinero? Sólo pueden acabar con nosotros con la bomba atómica, pero ¿quién quiere playas radiactivas en Río de Janeiro? Ustedes sólo pueden llegar a tener éxito si dejan de defender la ‘normalidad’, porque la normalidad ya no existe. Lo que existe es la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella”.
La tragedia según Calderón
El pasado miércoles, durante la presentación del nuevo libro de Anabel Hernández, Los señores del narco (Grijalbo), en la FIL de Guadalajara, Edgardo Buscaglia, experto de la ONU en el tema del crimen organizado, coincidió con Marcola al reiterar lo que viene diciendo hace años: que en México la lucha contra los cárteles será en vano mientras no caigan presos alcaldes, gobernadores, legisladores, magistrados, ministros, miembros de la clase política y del sector empresarial que guardan íntimas relaciones con la industria de la droga, tarea que, a juicio del especialista, no podrá llevar a cabo el gobierno corrupto, así lo dijo, de Felipe Calderón.
México no merece la tragedia de volver a lo autoritario, dijo Calderón por su parte, el domingo pasado en el Auditorio Nacional, al celebrar el cuarto aniversario de la infausta mañana en que se terció una banda tricolor para sentarse en los pináculos del poder y declararle la guerra al pueblo y a las instituciones con el pretexto del combate al narcotráfico.
Con esas misteriosas palabras –la tragedia de volver a lo autoritario–, Calderón expresó en clave que mientras de él dependa no se restablecerá el estado de derecho en México, lo cual sería una verdadera tragedia, ahí sí, por ejemplo, para Enrique Coppel, pues debería ir a la cárcel por el asesinato de sus empleadas en Culiacán; o para Germán Larrea, por el asesinato de los mineros de Pasta de Conchos; o para Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, por los 49 bebés quemados en Hermosillo, o para Juan Molinar Horcasitas por lo mismo, y por la quiebra de Mexicana de Aviación y la destrucción de Luz y Fuerza, y por desviar, junto con Daniel Karam, 13 mil millones de pesos del IMSS para rescatar empresas privadas en quiebra; o para Cecilia Romero, por el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas; o para Ulises Ruiz, por tantos crímenes en Oaxaca, o para Mario Marín, Fidel Herrera, Amalia García, Vicente Fox, Marta Sahagún, los niños Bribiesca y tantos y tantas más.
Pero al ofrecerle, con ese mensaje, renovada impunidad a la mafia que lo respalda, Calderón coincidió con Bowden y Marcola en cuanto a que la normalidad ya no existe, y con Marcola y Buscaglia en que las soluciones no llegarán mientras no se produzca un cambio profundo. Y de nuevo con Marcola, en que “lo único que existe es la mierda. Y nosotros [en este caso, la olinarquía y Los Pinos] trabajamos dentro de ella”. ¡Todos al concierto el lunes en solidaridad con Rita Guerrero Huerta, patrimonio cultural de la humanidad!
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ARTICULO DE JAIME AVILES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA JORNADA...
ARTICULO DE JAIME AVILES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA JORNADA...
Desfiladero
Wikileaks Hernández: días de transparencia
Jaime Avilés
Una vez más, la sabiduría popular vuelve a imponerse: cuando más oscuro está el cielo, dice el refrán, es justo cuando va a amanecer. Y en efecto, hasta hace unos días, cuando más abrumados nos sentíamos por el horror sin pies ni cabeza de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo, so pretexto del narcotráfico, y por los elogios del gobierno estadunidense a su
Estamos empezando a vivir el amanecer de la transparencia. Ahora, gracias a Julian Assange y su grupo de ciberperiodistas, sabemos lo que Washington realmente piensa del hombrecito que vive en Los Pinos: no coordina las operaciones de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, pues cada cual actúa por su parte. Estas instituciones no intercambian información entre sí porque sospechan unas de otras. Las tropas, sin adiestramiento para efectuar labores de investigación policiaca, tienen valentíapara
enfrentara los cárteles, las revelaciones de Wikileaks pintaron, como escribió en alguna de sus novelas Alejo Carpentier,
las primeras luces del alba en los cristales.
aversión al riesgo, y el hombre de mayor confianza de Calderón, Genaro García Luna, es visto con suma desconfianza por el Pentágono.
Los héroes de Wikileaks han desnudado al imperio más destructivo de todos los tiempos y con su hazaña han descubierto nidos de ratas por doquier. Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia, que tendrá repercusiones en cada país. En el nuestro, por lo pronto, otras revelaciones ya están disponibles para que todos nos sirvamos de ellas y sólo esperan a que ustedes las conozcan y las empiecen a transmitir de boca de boca.
Algunas de ellas se encuentran en las 588 páginas del nuevo libro de Anabel Hernández, Los señores del narco (Grijalbo, 2010). En ese valiente y riguroso trabajo, la autora sostiene que, al menos desde el sexenio de Díaz Ordaz hasta el actual, todos los gobernantes mexicanos han mantenido estrechas relaciones con los grupos que importan, exportan y venden drogas ilícitas.
Con base en papeles desclasificados de la DEA, la CIA y otras agencias del norte; en investigaciones académicas de la Universidad de California, en expedientes judiciales y en testimonios de personas bien conocidas, pero también de informantes protegidos por la máscara del anonimato, la reportera demuestra –sin formularlo así– que antes del neoliberalismo la industria de la droga en México no representaba un problema de salud pública, ni mucho menos de inseguridad social, como ocurre en nuestros días.
Durante el sexenio de Luis Echeverría, cuenta y documenta con largueza, en los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca se sembraba mariguana y amapola bajo supervisión oficial, y todas las cosechas eran enviadas íntegras a Estados Unidos, en el marco de un acuerdo entre ambos gobiernos. Eran los años de la guerra de Vietnam y el Pentágono necesitaba surtir de estimulantes a sus soldados en el frente de batalla. Pero en México los narcos obedecían la orden precisa de que ni un kilo de mercancía podía quedarse en el país, y si alguien intentaba desacatarla iba a la cárcel.
La cooperación prosiguió tras la derrota estadunidense en Vietnam, pero se amplió después del triunfo de los sandinistas en Nicaragua. Acotado por el Congreso de Estados Unidos que le negó fondos para desestabilizar al nuevo régimen de Managua, el gobierno de Ronald Reagan montó la operación Irán-Contras. En ésta, la CIA ayudaba a los cárteles colombianos de Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela a llevar grandes cargamentos de cocaína al inmenso mercado imperial, con la participación de los cárteles mexicanos y, por supuesto, con la anuencia de Miguel de la Madrid.
Los aviones que partían de Cali y de Medellín atiborrados de coca paraban en México para surtirse de combustible, continuaban rumbo a su destino más allá del río Bravo y, con las utilidades obtenidas en el negocio, regresaban repletos de armas para los mercenarios acantonados en Honduras, que a lo largo de la década de los 80 desarrollaron una persistente guerra de baja intensidad. Cuando la Contra logró su objetivo y los sandinistas aceptaron ir a elecciones –que perderían en 1990–, la CIA sacó del agua sus redes y las quemó.
Invadió Panamá, arrestó al general Manuel Antonio Noriega, y se lanzó contra los grandes capos colombianos, encarcelando a unos, asesinando a otros, entre ellos al célebre Pablo Escobar Gaviria, a quien uno de los declarantes de Anabel Hernández le niega cualquier clase de mérito: decía que era el mejor contrabandista de droga de todos los tiempos, pero la verdad es que movió miles de toneladas de coca con ayuda de Estados Unidos. Así qué chiste.
Conocer antes de destruir
Obra que merece ser leída con reposo –y con sombrero, porque a menudo les pondrá los pelos de punta–, Los señores del narco sugiere, al cabo de sus primeras 200 páginas, una moraleja inicial: antes del neoliberalismo, cuando en el país había crecimiento de 8 por ciento anual, estabilidad cambiaria, sindicatos fuertes, subsidios agrícolas, precios de garantía, etcétera, la industria de la droga era marginal y estaba orientada exclusivamente a la exportación, para satisfacer los intereses de Estados Unidos y, por supuesto, enriquecer a los políticos, militares y policías que la cuidaban.
Todo comenzó a cambiar durante el sexenio de De la Madrid, cuando la sumisión del país al FMI, la privatización de las empresas públicas, la concentración de la riqueza en pocas manos y el desahucio económico al que fueron condenadas las grandes mayorías, convirtió al narcotráfico en tabla de salvación de miles y miles de pobres.
La tendencia se agudizó, naturalmente, durante el gobierno espurio de Salinas de Gortari, que surgió del fraude de 1988, y se complicó aun más con la entrada de la cocaína colombiana al mercado interno. Y la descomposición siguió acentuándose durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, dentro de ciertas reglas, que Calderón destruyó de un manotazo, rompiendo el tablero de juego y hundiendo en el caos al país. ¿Podremos salir de allí, o mejor dicho, de aquí, de lo más profundo de este hoyo al que hemos sido arrojados?
No, decía el capo brasileño Marcos Camacho, alias Marcola, en una entrevista concedida a O Globo que citó el Desfiladero de la semana pasada, no hay solución, pero
atrapen a los barones de la droga. Hay diputados, senadores, empresarios y hasta ex presidentes en el negocio de la cocaína.
Pues bien, la investigación de Anabel Hernández proporciona nombres, apellidos y actividades económicas de un buen número de personas situadas en los pináculos del poder, que actualmente sostienen ligas con la industria de la droga en México. Y a diferencia de lo que piensa Marcola, ella aseguró hace unos días, durante una charla con Rubén Luengas para una televisora estadunidense:
Como madre, como hija, como mujer y como periodista estoy convencida de que las cosas sí tienen solución [...] pero antes tenemos que conocer nuestra realidad. No podemos destruir lo que no conocemos.
jamastu@gmail.com
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Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.
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José Blanco. INSUFICIENCIAS. Periódico “La Jornada”. México. Marates 232 de Noviembre de 2010. Sección Opinión. P.20
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/23/index.php?section=opinion&article=020a1pol
Dijo el funcionario: Los liberales así pensamos, la crítica social no la rehuimos, todo lo contrario, la promovemos. Buena noticia. La mala es que esos liberales, en el presente gobierno, no están a la vista. Quien hablaba era el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, y tal expresión, del pasado 18 de noviembre, fue dicha en una reunión que el secretario tuvo con empresarios, la mañana de ese día.
Probablemente se trató de una reunión de máxima importancia porque, quizá debido a la misma, por la tarde llegó con cuatro horas de retraso a una reunión en la que lo esperaban niños de la escuela elemental.
En esta última dijo que el presupuesto otorgado a la Secretaría de Educación Pública es suficiente, ya que, registran las crónicas, ahí subrayó que crecerá en 8 mil millones para 2011 y se dará énfasis, entre otras cosas, a la creación de infraestructura para atender la demanda de los jóvenes de bachillerato.
Critiquemos entonces al liberal, que sobra tela de donde cortar. Lo primero es la ausencia de sindéresis en su declaración: no hay ninguna relación entre la satisfecha afirmación de la pretendida suficiencia para atender a la educación bajo la responsabilidad de la SEP, y el aumento de 8 mil millones al presupuesto asignado a esa secretaría; pudo ser el doble, y continuar siendo insuficiente.
Mentir puede ser una palabra excesiva, pues su discurso frente a los niños abarcaba un mundo de asuntos: todas las funciones, de todos los niveles de la educación mexicana. Pero si el verbo lo restringimos a la educación superior, vale: no es verdad que el presupuesto asignado a la educación superior haya sido suficiente, y es probable que el secretario lo sepa.
Las universidades no están en la posibilidad de plantear una negociación tipo sindical: te pido 50 de aumento para que me des 6. Habría que decir, en primer lugar, que las universidades no tendrían que hacer ninguna negociación, si hubiera –como debiera haber– una política de Estado vinculada a una visión específica sobre el desarrollo futuro del país. Corresponde al gobierno plantearse y plantear a la sociedad política y a la sociedad civil una pregunta simple, aunque construir la respuesta implica un proceso de enorme complejidad: ¿Qué educación superior queremos, para cuál país?
Acaso la respuesta no exista por las razones que alega Rafael Ochoa secretario general del SNTE: Fuimos formados para la educación de este país de otro tiempo, de otra época. Es una desgracia pero tiene razón. No pidan peras al olmo.
Las universidades públicas agrupadas en ANUIES al enterarse del monto del presupuesto que les sería asignado: solicitaron el aumento adicional que estimaron necesario para continuar avanzando con sus planes en marcha: 6 mil 500 millones de pesos. La Cámara de Diputados les otorgó 3 mil 784 millones. Una cantidad insuficiente, señor secretario.
La integración del presupuesto de las universidades es una maraña inimaginable. Primero está el subsidio federal ordinario que se asigna de manera históricamente desigual a las universidades públicas de los estados de la república. Este subsidio no alcanza para cubrir los salarios de los académicos. Faltan los recursos para operar a las instituciones, más aún si quiere elevarse su calidad, más aún si se quiere que produzcan conocimiento pertinente para el entorno en el que están enclavadas, más aún si se quiere –hoy es una necesidad ineludible– que internacionalicen sus planes y programas de estudio, y puede adicionarse una lista numerosa de razones más, como es el hecho de que el avance velocísimo científico tecnológico ha vuelto a la educación superior cada vez más intensiva en capital.
Desde los años noventa, por recomendación de organismos internacionales, se inventaron los fondos concursables. Eche una mirada a los asuntos del financiamiento de la educación superior de cualquier país, y se topará con esos fondos. Así se llaman en todas partes. Son hoy por supuesto absolutamente indispensables para la operación de cualquier institución de educación superior.
Le aburro lector dos minutos informándole de algunos de estos fondos (las mayúsculas son textuales): Programa Integral de Fomento Institucional; Programa de Mejoramiento del Profesorado; Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario de Universidades Públicas Estatales; Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales; Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales; Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno; Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior; Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos...
Para tener acceso a estos fondos, una universidad debe presentar un proyecto que tiene por supuesto sus requisitos y normas. Estos proyectos exigen años para su implementación, y algunos tienen un carácter prácticamente permanente, como es el caso de los dos primeros de la lista anterior.
Le informo, secretario, que la Secretaría de Hacienda, siempre tan sensible a la educación, no sólo no aumentó los recursos de estos fondos, sino que los disminuyó, y así encogidos los aprobó la Cámara de Diputados. Ciertamente son recursos insuficientes para la educación superior y la investigación científica, lo cual afecta seriamente el futuro del país.
Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.
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http://miradapolaroid.lacoctelera.net/post/2006/05/14/ade-tenemos-pedir-perdon-subcomandante-marcos-enero-1
Subcomandante Marcos. Enero 1994. ¿De qué tenemos que pedir perdón?
¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar, de todas las formas posibles, por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos?
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte "natural," es decir, de sarampión, tos ferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares? ¿Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el "¡YA BASTA!" que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a las muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez pero ahora para vivir? ¿Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua? ¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos? ¿Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave "delito" de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, sólo un pedazo al que se pudiera sacar algo para completar el estómago?
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?
¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? ¿Los medios de comunicación? ¿Los estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil?
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?
Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.
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Gilberto Guevara Niebla. PERIÓDICO “EL UNIVERSAL”. México. Martes 12 de Octubre de 2010. Educación. Sección Opinión. P. A 17.
La clave está en la política
La clave sobre el futuro de la educación está en el devenir de la política. Si México se hace en 2012 de un gobierno decidido a armar un proyecto nacional y a darle a la educación el lugar que le corresponde, es posible alimentar nuestro optimismo. Si, por el contrario, la Presidencia recae en manos tibias o conservadoras, el desastre educativo seguirá ahondándose.
En política educativa hemos sufrido 10 años de confusión, de indecisión, de mediocridad, de ignorancia y dispersión de esfuerzos. Ningún factor estructural se ha modificado. Lo que se ha hecho es calcar, con timidez, ciertos lugares comunes de países extranjeros: mediciones precisas, estándares, competencias, comparaciones, etcétera. Una serie de categorías extrapoladas de la economía y cuyo valor en educación es polémico.
Se han perdido de vista los propósitos de la educación que, en parte, están contenidos en el artículo tercero constitucional. Se trabaja sin tener presente lo que se quiere lograr. Se actúa cobre los medios sin tener claridad de los fines.
Y vale la pena recordar que la escuela básica debe: a) formar buenos ciudadanos; b) capacitar para el trabajo y la producción y c) formar personalidades íntegras. ¿Qué significan estas finalidades dentro del contexto —nacional y global— presente? Veamos.
Se ha desvirtuado además la gestión del sistema escolar que, siendo responsabilidad exclusiva del Estado, se optó por compartirla con una entidad privada, —el SNTE— con mayor precisión, con la élite que encabeza ese organismo. Los profesores y trabajadores tienen derecho a la sindicalización, pero el SNTE, por su organización, por sus prácticas y el ethos que conlleva, es un obstáculo para el progreso de educación nacional. Su intervención en la dirección de la educación ha tenido resultados desastrosos e irreparables.
La democracia puede ser la vía para la justicia social, pero tal cosa supone un proyecto nacional diseñado con esa orientación. Es posible soñar con tener una ciudadanía ilustrada y virtuosa y una sociedad cuyo fundamento sean comunidades y municipios fuertes, pero tal cosa supone una reforma del Estado y, secundariamente, del sistema educativo.
Se necesita una política de Estado de largo plazo, un plan con metas precisas que no sean concepción exclusiva de los “expertos” sino que sean nutridas de la experiencia concreta de los maestro de aula, de los directores e inspectores.
El sistema debe auto-reformarse y no “ser reformado desde fuera” –como ha ocurrido tradicionalmente. Hay que invertir la pirámide del poder educativo.
Hay metas tan claras que todo mundo las ve, aunque nadie habla de ellas. Algunas de esas metas las subrayó Roger Díaz de Cosío en el pasado coloquio “Dos siglos de educación en México” que se realizó en la División de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM (4-7 de octubre). Por ejemplo, el simplificar y descargar de contenidos los niveles básicos de la educación; por ejemplo, el integrar como un bloque único a la primaria y a la secundaria; por ejemplo, el disminuir el número de libros de textos; etcétera.
Pero hay que vincular medios y fines al mismo tiempo que se les refiere al contexto. ¿Cómo concebir medios y fines dentro de una filosofía democrática?
Obviamente la sociedad ha de participar —hasta cierto grado— en la dirección y el control del sistema educativo y, necesariamente el sistema escolar debe —hasta cierto punto— autogobernarse. Este doble propósito se puede traducir en dos divisas aparentemente –y sólo aparentemente— contrapuestas: 1) hacer de la escuela el corazón funcional del sistema educativo y 2) dar a la comunidad un grado de participación en la gestión de la escuela. Estos principios suponen una revolución educativa.
Pero dicha revolución debe ser un proceso gradual. En educación —dice Silvia Schmelkes— no hay, no puede haber metas a “corto plazo”.
Es verdad, se necesita un proyecto (un plan), pero éste debe de realizarse en 25 o 30 años.
No menos.
*Ex Subsecretario de Educación
Además proporciona las siguientes cifras, que consideramos tienen errores.
MÉXICO 1810-1910-2010
POBLACION ANALFABETA EN EL PAÍS:
MÉXICO | ||
1810 | 1910 | 2010 |
99.4% | 77.7% (1900) | 58.2% (1940) |
46.5% | 72.3% | 8.5% (2005) |
Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.
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Luis Hernández Navarro. LA FABRICACIÓN DEL MITO: EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS. Periódico “La Jornada”. México. Martes 23 de Noviembre de 2010. Sección Opinión. P.21.
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/23/index.php?section=opinion&article=021a2pol
La derecha empresarial sigue su ofensiva en contra de la educación pública, los maestros y su sindicato. El pasado 16 de noviembre, Mexicanos Primero presentó el documento titulado Brechas: estado de la educación en México 2010. En el acto, su presidente, Claudio X. González, dijo que el país tiene la fórmula para una educación... ¡mediocre!, que el panorama educativo es desalentador, y que el organismo gremial del magisterio requiere hacer más educación y menos política.
Mexicanos Primero fue fundada por Alejandro Ramírez Magaña, hijo del dueño de Organización Ramírez-Cinépolis. La empresa carga en sus espaldas un oscuro historial, crímenes incluidos (La Jornada, 27/7/96). Su influencia política en Michoacán es relevante. Ramírez Magaña es egresado de Harvard. Fue secretario técnico del gabinete de Desarrollo Humano en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), cuando su titular era Josefina Vázquez Mota.
Aunque Mexicanos Primero fue fundada en 2005 –casualmente cuando Ramírez aún era funcionario de la Sedeso–, su lanzamiento público coincide con la designación de Vázquez Mota como secretaria de Educación.
La conformación del cuerpo directivo de Mexicanos Primero incluye personalidades relacionadas con el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.
El director de Mexicanos Primero es David Calderón, focolarino (laico consagrado del apostolado de la sonrisa), comprometido con la promoción social directa. Llegó a la institución después de laborar con Fernando Landeros en la Fundación Teletón. Allí lo reclutó Claudio X. González.
Mexicanos Primero es un organismo sombra, promotor de los intereses de la derecha empresarial en materia educativa. Aunque formalmente postula la necesidad de ciudadanizar la educación y la intervención directa de los padres de familia, ha dedicado el grueso de sus esfuerzos a criticar la educación pública, a los maestros y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Cuenta con gran cantidad de recursos y espacios relevantes para promover su agenda en los medios de comunicación. La organización tiene una filial en Michoacán.
A lo largo de los recientes tres años, la fundación ha buscado desfondar al sindicato, otorgando recompensas y premios a maestros que coinciden con una visión más humanista de la educación. La idea es que los profesores valoren que los empresarios aprecian su esfuerzo (premios ABC), en contraposición con el sindicato que los enajena y utiliza políticamente.
Según Blanca Heredia, ex titular de la Unidad para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Mexicanos Primero fue creada por un grupo de empresarios de nueva generación; vive de las aportaciones de sus patronos y su liderazgo asume públicamente la defensa de las causas que son el motor de la organización. Su existencia me anima, pues me habla del tipo de líderes empresariales que México requiere con urgencia y sin los cuales ningún país puede prosperar y aspirar a ser grande. (La Razón, 18/11/10.)
El discurso de Mexicanos Primero se modificó tras la salida de Josefina Vázquez Mota de la SEP, en abril de 2009. A partir de entonces, comenzó a reprobar a esa dependencia. Los reproches arreciaron cuando se percibió el distanciamiento de Vázquez Mota y Alonso Lujambio. Ante los señalamientos de la fundación, este último dijo que no está contra la crítica, aunque en este caso la encuentra excesiva.
Sin embargo, la ofensiva empresarial contra la educación pública desde la derecha va más allá de Mexicanos. Primero, la cual exigió dar a conocer el padrón magisterial a organismos como México Unido contra la Delincuencia y Causa en Común.
Entre el 25 y el 28 de octubre pasado se efectuó el foro Clase 2010 Cumbre de Líderes en Acción por la Educación 2010, organizado por Compromiso Social por la Calidad de la Educación, que presiden Marinela Servitje y Gerardo Gutiérrez Candiani, líder de la Coparmex, quienes criticaron la política educativa nacional, que, según ellos, no ha logrado avances. Apenas en agosto, frente a Felipe Calderón, Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, denunció que México estaba secuestrado por el SNTE.
La animadversión de la derecha empresarial conservadora hacia la educación pública no es nueva. De manera consistente ha arremetido contra ella por asuntos como la educación socialista, los contenidos de educación sexual y la introducción de los libros de texto gratuitos. Pero ahora va por más. Quiere hacer de ella una oportunidad de negocios y un espacio para formar a niños y jóvenes de acuerdo con su visión del mundo.
No es un hecho exclusivamente mexicano. Según relata Noam Chomsky, grandes inversores como Lehman Brothers, entre otros, mandaban a sus clientes folletos en los que se leía: Mira, ya nos hemos encargado del sistema de salud; nos encargamos del sistema carcelario; el próximo gran objetivo es el sistema educativo. Podemos privatizar el sistema educativo, hacer mucho dinero de él. Instituciones conservadoras como Heritage Foundation, Hudson Institute y la Olin Foundation han dedicado cuantiosos recursos para socavar la educación pública. El centro de su estrategia, como la de Mexicanos Primero, ha sido inventar una crisis en el sector, fabricar mitos sobre el desastre pedagógico nacional y la ineficiencia de los maestros.
No se trata de defender a Elba Esther Gordillo ni a los dirigentes charros del SNTE. Nada de eso. Son impresentables, han degradado profesional y moralmente a una parte del magisterio nacional. Pero no se debe tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Lo que la derecha empresarial quiere hacer con sus críticas al magisterio nacional es preparar el terreno para asaltar la educación pública.
Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.
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Magdalena Gómez. SALDOS DEL CENTENARIO: LAS CONCESIONES MINERAS. Periódico “La Jornada”. México. Martes 23 de Noviembre de 2010. Sección Opinión. P.21.
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/23/index.php?section=opinion&article=021a1pol
Pasada la parafernalia festiva bien podemos retomar una discusión a fondo sobre las múltiples distorsiones del proyecto constitucional de 1917. Una corresponde a un principio fundamental relativo a la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo. Esta definición fue adoptada de cara a la situación que predominó en el porfiriato, cuando se osciló entre el criterio que rescataba la tradición colonial de considerar pública la propiedad de los recursos mineros (código de minería de 1885) para luego reformarlo siete años después, estableciendo que el Estado podía expedir un título para que particulares tuviesen la propiedad de la mina con carácter irrevocable y perpetuo.
La controversia se mantuvo hasta que en 1908 se intentó una reforma que cancelaba la adquisición de propiedades mineras a las sociedades que no fueran organizadas con arreglo a las leyes mexicanas. La Cámara Minera de México se impuso. De ahí que sea importante ubicar contexto y sentido de la definición de 1917 en torno a la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo.
Hoy nos encontramos con que el Estado abandonó la defensa de la soberanía económica nacional, asumiendo un papel subsidiario-neoliberal. Así tenemos que se ha consolidado el proceso de liberalización de las legislaciones relativas al dominio sobre recursos naturales mineros y energéticos, provocando el desmantelamiento de normas constitucionales y la anulación del el ejercicio efectivo de la propiedad o dominio del Estado sobre los recursos naturales, y en los hechos se está transfiriendo paulatinamente al capital privado trasnacional.
Como dirían mis maestros, para hechos el 26 de junio de 1992 se promulgó la Ley Minera vigente, reglamentaria del artículo 27 constitucional, la cual se ha reformado en tres ocasiones. La primera, el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica a los concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; la segunda, el 28 de abril de 2005, la cual permite expedir en un solo título de concesión minera la exploración y la explotación; entró en vigor en enero de 2006. Y la tercera, el 26 de junio de 2006, que adiciona reglas para la inversión extranjera.
Como resultado de este marco permisivo la proliferación de concesiones mineras, especialmente las de cielo abierto, sin control efectivo sobre el grave impacto ambiental, demanda una revisión a fondo del mismo.
Las entidades federativas enfrentan conflictos sociales en oposición a las empresas mineras y empiezan a asumir que, pese a que la materia minera es facultad exclusiva de la Federación, su soberanía y obligación de gobierno les demanda intervenir ante situaciones de riesgo ambiental evidente. Es el caso de Chiapas, donde el estado clausuró una mina en Chicomuselo y enfrenta una batalla jurídica con la compañía canadiense. Por otra parte, en Baja California Sur el Congreso local aprobó reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Desarrollo Económico y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente el 9 de noviembre pasado, prohibiendo a los gobiernos estatal y municipal dar permisos de uso de suelo para actividades de impacto ambiental como la minería a cielo abierto, plantas termonucleares para generación de electricidad e industriales que usen materiales explosivos o tóxicos.
Ante ello la Cámara Minera de México, la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México y el Colegio de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México están presionando para que no se promulguen las reformas, con el argumento de que el Congreso local no tiene facultades para legislar al respecto, además de afirmar que no provocan daños ambientales.
Estas reformas tienen el antecedente de que en septiembre el mismo Congreso aprobó un acuerdo en contra de la realización del proyecto minero de explotación de oro, denominado concordia, solicitando a las diversas instancias públicas municipales, estatales y federales en las que recaen los trámites para la activación de dicha empresa que lo rechacen por el grave riesgo en que coloca a Baja California Sur. Señalaron que la realidad es que ni mil 400 fuentes de empleo ni la inversión millonaria ni la planta desaladora de agua son una garantía de la conservación de la superficie terrestre que se va a explotar, mucho menos de la flora y fauna, y menos aún del riesgo que se corre de envenenar los mantos acuíferos. Señalaron además los niveles de toxicidad que genera el uso de arsénico para extraer oro.
El Congreso de la Unión tendría que hacerse cargo del impacto de sus leyes a modo de las trasnacionales. Es un hecho que estos casos llegarán a la Suprema Corte de Justicia, la cual tendrá que dirimir si las entidades federativas tienen el interés superior de oponerse a concesiones mineras que afectan la sobrevivencia de la población, o bien si la facultad del Estado sobre los recursos naturales debe encontrar límites en el impacto ambiental.
Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.
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Marco Rascón. LOS ENEMIGOS DE LAS PYMES. Periódico “La Jornada”. México. Martes 23 de Noviembre de 2010. Sección Opinión. P.20
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/23/index.php?section=opinion&article=020a2pol
Frente al discurso oficial de la recuperación económica, el aumento de empleo y la simplificación fiscal, entre otras buenas intenciones gubernamentales, la respuesta es la ineficiencia y obstrucción por conducto de leyes, decretos y disposiciones que reflejan que quienes nos gobiernan y legislan no tienen el más mínimo sentido de la realidad productiva, laboral y empresarial, pero sí un compromiso total con la estructura monopólica, financiera y trasnacional que impide el desarrollo de México.
Si frente a la cuestión social no existe el menor tino, tampoco lo hay para generar condiciones de desarrollo y fortalecer la economía interna: para los monopolios, todo; para las pequeñas y medianas empresas, nada.
Pese a que las llamadas pymes (pequeñas y medianas empresas) están en el centro de la propaganda y de todos los programas bancarios y gubernamentales, en los hechos sólo les han dado atole con el dedo, la gran invención de Porfirio Díaz. Contra ellas se ciernen y legislan reglamentaciones excesivas, normas supuestamente modernizadoras que en la realidad obligan a las quiebras y a que la economía informal siga creciendo al paralelo de los discursos.
Solamente por mencionar un caso: a partir de enero, cuando sea obligatorio el uso de la facturación electrónica, miles de pequeños impresores autorizados por el sistema de administración tributaria (SAT) quedarán sin empleo ni trabajo. Frente a la idea de modernizar las administraciones de las pequeñas y medianas empresas de un solo golpe, que ahora deberán tener computadora, Internet, asesoría y obtener la Fiel (firma electrónica), se agrega que tanto las personas físicas como morales, después de una política crediticia para fomentar el consumo sin control mediante tarjetas, que hoy se cobran mediante insultos y amenazas por vía telefónica que inspiraron a los sicarios en el cobro de deudas, a petición de Hacienda todas van al Buró de Crédito, a manera de fichaje, y ya no serán sujetos de crédito para fomentar la actividad productiva. Como si no bastaran las deudas bancarias, ahora se agregan las fiscales para inmovilizar más al sector pyme.
Es decir, a los mexicanos que se han sostenido, a pesar de las políticas de salud contra la influenza y de la campaña contra el consumo de tabaco en establecimientos mercantiles –la nueva norma oficial mexicana NOM 251 de la Secretaría de Salud acaba de entrar en vigor para vigilar las higiene en el procesamiento de alimentos y bebidas (mientras millones de personas comen en la calle)–, ahora se les paga con más regulaciones, que son regalos a la corrupción gubernamental.
Según Hacienda, el crédito a los sectores productivos va a la alza y creció en el último año 67.5 por ciento, principalmente en el sector de la construcción. No obstante, queda claro que la banca privada paga a los ahorradores, así como por el manejo de nómina, con tasas por abajo de 1.3 por ciento, mientras por los créditos que otorga mediante tarjetas o préstamos pymes cobra entre 26 y 30 por ciento, lo que deja al descubierto el escandaloso negocio de especulación.
Es obvio que para el desarrollo económico y quienes generan empleos no hay una política integral ni apoyos crediticios a tasas reales, simplificación administrativa, asesoría para llevar a cabo un proceso de modernización paulatina, sin prisa, pero sin pausa. En la realidad, frente a una banca con espíritu usurero y el acoso de todos los niveles de gobierno traslapa normas, reglamentaciones y una política fiscal que se aleja cada día más de la simplificación y hace de sus procedimientos y páginas electrónicas grandes enredos imposibles de descifrar, que significan más costos para las pymes.
Y mientras ésta es la realidad que viven las pymes, los grandes monopolios no nada más gozan de subsidios, exenciones, devoluciones y otorgamiento de concesiones, sino de confidencialidad. ¿Sabremos ahora, por derecho a la información, cuánto deben las grandes empresas al IMSS, al Infonavit, al fisco y cuánto pagan por sus utilidades y cuanto les descuentan?
México necesita una gran transformación en sus políticas de desarrollo económico. El concepto de economía propia ha sido destruido y el trabajo –principal valor de los mexicanos que vivimos en el territorio– no cuenta, como tampoco cuentan los esfuerzos y dificultades para mantener cualquier negocio privado sobre la especulación, las regulaciones absurdas, las demagógicas políticas de salud, el espíritu de recesión que domina a la clase política, incapaz de entender a los productores reales, a los empleados y los trabajadores del campo y la ciudad que sostienen la economía del país.
A 100 años de la Revolución estamos peor en muchas cosas. Bajo el disfraz de la modernización han decidido el camino del estancamiento. Gobiernos, legisladores, banca, monopolios, proteccionismo y la hacienda pública son los principales enemigos de las pymes, que han hecho del atraso su principal negocio.
Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.
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Gilberto Guevara Niebla. PERIÓDICO “EL UNIVERSAL”. México. Martes 22 de Noviembre de 2010. Educación. Sección Opinión.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50714.html
El SNTE contra la educación
El colapso educativo es una gran preocupación para México. Pero sorprende que, siéndolo, las autoridades no hagan ningún esfuerzo por realizar una reforma educativa que modifique las perversas relaciones de poder que se han gestado dentro del sistema escolar en las últimas décadas.
El país vive en el asombro por los abusos impunes en que incurre la cúpula dirigente del SNTE. En el viejo sistema, los líderes del SNTE se apropiaron de numerosos privilegios bajo el ropaje del corporativismo: afiliación obligatoria, recolección automática de cuotas, uso de personal de la SEP bajo la sombrilla de las comisiones; prebendas políticas (diputaciones, senadurías, gubernaturas), flujos irregulares de recursos por cantidades enormes de dinero; mecanismos impunes de coacción contra la disidencia sindical y, desde luego, la titularidad indisputada en las negociaciones laborales.
El SNTE era la máquina que jalaba al tren de los votos en el sistema político del PRI-gobierno. Era (y es) un organismo de organización vertical antidemocrático, dirigido de forma caudillesca y siempre dispuesto a acabar a golpes cualquier expresión de disidencia. Así ocurrió en 1958 con la represión del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM).
El estilo violento de gobernar el SNTE se puso de manifiesto una vez más en 1972 cuando Carlos Jonguitud y un grupo de matones armados con metralletas tomaron por asalto el edificio del sindicato y acabaron con la dinastía —igualmente corrupta y violenta— de Jesús Robles Martínez.
Carlos Salinas tuvo que recurrir a todo su poder para sacar de la dirigencia a Jonguitud y poner en su lugar a Elba Esther Gordillo. ¿Método democrático? No, desde luego que no. Imposición pura. Más tarde, el liderazgo de Elba Esther fue legitimado en asambleas sindicales espurias protegidas por golpeadores. La ambición desmesurada de la nueva lideresa se manifestó claramente cuando se reeligió y, más tarde, se hizo nombrar “presidenta vitalicia” del sindicato.
El SNTE ha sido, a lo largo de la historia, un obstáculo para la realización de toda reforma educativa. Así lo comprendió Jaime Torres Bodet cuando señaló un dilema moral que enfrentaban los docentes entre patriotismo y salario (La Tierra prometida, p. 201). “La unificación sindical no parecía favorecer de manera muy positiva a la calidad del trabajo docente de los maestros. Habíamos perdido contacto con la realidad de millares de escuelas sostenidas por el gobierno, desde Sonora a Yucatán. Nuestros informantes directos eran inspectores que, como socios activos del sindicato, encubrían a tiempo las faltas y las ausencias de los maestros, pues no ignoraban que la gratitud de sus subalternos les sería, a la larga, más provechosa que la estimación de sus superiores” (p. 199).
En 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMB) que proponía, entre otras cosas, la descentralización del sistema escolar y la creación de consejos de participación social que hicieran posible un control de la sociedad sobre un sistema que no rendía cuentas a la sociedad y que se mantenía aislado de ella. El SNTE se opuso ferozmente a estas disposiciones. Su oposición era explicable pues, en los dos casos, se vulneraba el control central y vertical que el sindicato ejercía sobre el sistema escolar. Posteriormente, la descentralización y la participación social quedaron reducidas a parcialidades irrelevantes.
Muchos pensamos que bajo el gobierno del PAN —partido que se proclamaba “democrático”— concluiría la pesadilla del SNTE, pero al contrario, Fox y Calderón establecieron alianzas con este organismo y le hicieron concesiones que en el pasado —en sí funesto— hubieran sido juzgadas como excesivas. En la actualidad —¿quién lo creería?—, la dirigencia del SNTE controla la Subsecretaría de Educación Básica —la principal de la SEP— y, bajo la siglas de Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), coparticipa en el gobierno de la educación nacional —aunque esta coparticipación contradice a la letra a la Constitución de la República.
Y no sólo eso: ahora la líder sindical ha creado un partido político con los recursos —desde luego— del sindicato (o sea de los maestros y de los ciudadanos mexicanos). El llamado Panal. ¿Por qué los mexicanos nos cruzamos de brazos ante todas estas tropelías? ¿No es necesario decir basta?
Ex Subsecretario de Educación
Material de apoyo didáctico, seleccionado por Héctor Bernal González y Susana Huerta González.